‘Del dicho al hecho va mucho trecho’ y ‘No es lo mismo predicar que dar trigo’, son los refranes que la Asociación de Afectados por el Plan de Ordenación Municipal y el Catastro Urbano de Toledo aplican a su relación con el Ayuntamiento y con su máximo responsable,

el alcalde Emiliano García Page. “Se muestra receptivo sobre nuestro problema y manifesta que no quiere cargar sobre su conciencia nuestra ruina, pero no toma las decisiones que podrían impedirlo”, dice el presidente Jacinto Cabiedas.

Tanto el presidente de la asociación, Jacinto Cabiedas, como el secretario, Andrés García Vaquero, reconocen que el alcalde siempre les ha dado “buenas palabras”, pero también coinciden en que “está dejando pasar el tiempo, porque cuando los tribunales resuelvan el asunto, él, probablemente, no sea el alcalde, y será otro el que tenga que lidiar con el problema, además de los ciudadanos que son los que siguen en Toledo”.
Alrededor de trescientos ciudadanos, pequeños propietarios de fincas rústicas dedicadas a la agricultura en las zonas de Azucaica, Santa Bárbara, el Polígono, y el Cerro de los Palos, se han constituido en Asociación porque con la entrada en vigor de la revisión del catastro y el POM, desde 2008 el IBI que pagan por sus fincas, alrededor de 3.600 ha, supone una cantidad similar a la que el Ayuntameinto recibe por el IBI de las 3000 que forman el casco urbano de Toledo incluidas viviendas, locales y demás construcciones existentes.
A finales de diciembre, esta asociación presentó una solicitud al Ayuntamiento, que fue expuesta en ruegos y preguntas en el Pleno de ese mes,  para pedir que se realizasen “los trámites pertinentes para que sea confeccionado un nuevo Catastro en la zona de ampliación del casco urbano que contempla el POM, para los suelos pendientes de desarrollo”. La propuesta no ha tenido respuesta del Ayuntamiento. “Sin embargo, el alcalde ha declarado que hará lo posible par resolver el problema, porque no quiere cargar sobre su conciencia la ruina de estos ciudadanos”.
Además de esta soliciticud colectiva, la mayor parte de los miembros de la asociación presentaron, de manera individual, reclamaciones contra el Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana de los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011. En estos escritos alegan que las parcelas son urbanizables, y deben liquidarse como rústicas mientras no se apruebe los planes parciales que los desarrollen. Los solicitantes citan la resolución aprobada a favor de SEPES en el PP-11, en enero de 2011, y la sentencia de julio de este año del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que declara nulo el POM.
La primera respuesta a estos escritos, la conocieron la semana pasada y no es precisamente favorable. El Ayuntamiento considera que al haber pagado el impuesto de los años 2008 a 2010, pretender ahora que son indebidos requiere un recurso extraordianrio de revisión, y considera que la sentencia citada no es suficiente, porque se refiere a un acto urbanístico y no tributario, en el que los reclamantes no son parte. Además, añade, que “una sentencia judicial- ni una resolución administrativa- no tiene la condición de documento con fines revisorios”.
Sin embargo, el origen de sus problemas, según los representates de la Asociación, sigue siendo el Catastro, “que tiene más de cien recursos presentados en distintos órganos judiciales, y sobre el que no ha habido todavía ninguna sentencia. Porque además del disparate del IBi, que hemos pagado, ahora se nos viene encima el Impuesto sobre Patrimonio, y según el catastro 10 ha. agricolas en La Alberquilla, tiene el mismo valor que 40 pisos en la Avenida de Europa”.