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A la asfixia económica que sufren la mayor parte de los ayuntamientos por la demora en el pago de las subvenciones comprometidas por otras administraciones -sobre todo la Junta- y la caída de ingresos propios por la menor actividad, pese a las subidas de tasas e impuestos que han aprobado la mayoría -del PP y del PSOE; se suman ahora los recortes, ya efectivos, del Gobierno regional para financiar buena parte de los servicios sociales que son de su competencia y que en los últimos años han prestado a través de los ayuntamientos.

En La Puebla de Montalbán, gobernada por el PP, la Junta  ha reducido de 6.000 a 3.500 las horas que financia del programa de Ayuda a Domicilio, con el que se  ofrece asistencia para limpiar la vivienda o resolver cuestiones cotidianas a personas mayores o dependientes que viven solos. En Villacañas, con gobierno socialista, la Junta ha recortado 8.225 horas -el 30%- y en Cedillo del Condado, con alcalde de UCIT, el recorte de horas alcanza el 47%.

Es uno de los programas sociales mejor valorados en los pueblos y cuyo reajuste trae de cabeza a los usuarios y a los gobiernos locales, que tratan de buscar fórmulas para que el servicio se vea lo menos mermado posible. Y no es fácil con las arcas municipales plagadas de deudas con los proveedores y los bancos.

El ayuntamiento de Carranque, por ejemplo, pagó hace solo unos días la nómina de diciembre y la extra de Navidad y de momento no puede plantearse abonar la de enero por la crítica situación económica que han heredado, insiste su alcalde Marco Antonio Caballero (PP), que esta semana negociaba con entidades financieras para evitar la insolvencia técnica. Difícil así encontrar fondos propios para suplir los recortes de la Junta, que también achaca a la herencia recibida y la coyuntura económica su plan de ajustes.

El caso es que la Junta ya no financia este año las ludotecas públicas, tampoco el servicio de atención a inmigrantes (sami), ni los puntos jóvenes y ha recortado sustancialmente también lo que aporta para el mantenimiento de los centros de la mujer, que ha llevado a los ayuntamientos de Quintanar, Fuensalida, La Puebla de Montalbán y Navahermosa a cerrar los que funcionaban en sus pueblos.

“Ya estamos en febrero y aún no sabemos si van a seguir financiando este año los centros de atención a la infancia -para niños hasta 3 años- ni los centros de familia, ni los centros de día para los mayores, ni la educación de adultos”, advertía Francisco José García Galán, el alcalde de Sonseca (PSOE) esta semana. “Esta falta de información sobre la financiación de los servicios sociales nos tiene paralizados los presupuestos de este año”. Aún así, advierte: “nosotros preferimos no desmantelar el estado del bienestar porque ha costado mucho crearlo y vamos a luchar por mantener abiertos todos estos servicios hasta donde nos sea posible”.

Los ayuntamientos tratan de ingeniárselas para conseguirlo. El de Corral de Almaguer (PP) ha buscado ayuda en una Fundación local para mantener la escuela de adultos y en Villacañas (PSOE) han llegado a un acuerdo con las educadoras de la ludoteca para que sean ellas las que reabran el centro y lo gestionen con ayuda municipal para las familias numerosas y monoparentales.

No obstante, la gran mayoría de los consistorios han tenido que despedir trabajadores de servicios sociales que este año ya no van a prestarse. El último pleno municipal de Villacañas, con el apoyo del PSOE y de IU, aprobó instar a la Junta a pagar las indemnizaciones que los ayuntamientos deben abonar por estos despidos de trabajadores que tuvieron que contratar para prestar servicios sociales competencia del Gobierno regional -así lo establecían los convenios firmados entre ambas instituciones- y que ahora, unilateralmente, la administración regional ha decidido suspender. Este ayuntamiento, que ha tenido que prescindir por ello de 11 trabajadores, debe abonarles solo en indemnizaciones 22.500 euros.

Los recortes se suman a las deudas que la Junta tiene con los consistorios. El Gobierno regional no ha pagado a la mayoría su aportación para la prestación de los servicios sociales desde mediados de 2010. “Los ayuntamientos hemos adelantado el dinero para pagar a los trabajadores y mantener los servicios, pero ya no queda más para seguir adelantando”, advierte Alvaro Gutiérrez, el alcalde de Escalona (PSOE).

Los alcaldes socialistas se plantan: “nos consta que la Junta sí ha pagado a ayuntamientos del PP”

Esa afirmación está muy presente estos días entre los alcaldes socialistas de Castilla la Mancha. “Lo sabemos por secretarios que trabajan para varios ayuntamientos gobernados por distintos partidos y por lo que nos han comentado los compañeros de otros municipios que sí están cobrando de la Junta. Es fácil enterarse. Y esto no puede ser. El PP está intentando asfixiar a los ayuntamientos del PSOE. El de Noblejas no ha recibido ni un euro de la Junta desde el pasado mayo”, señala Agustín Jiménez, el veterano alcalde de Noblejas.

Su homólogo de Escalona, Alvaro Gutiérrez, uno de los alcaldes que mayor porcentaje de votos consiguió en las últimas elecciones y portavoz del PSOE en Diputación, insiste: “Es una discriminación y absolutamente inaceptable”. Gutiérrez niega que durante el Gobierno regional socialista se discriminara económicamente a los ayuntamientos con alcalde popular, como muchos de ellos también denunciaron durante la pasada legislatura en reiteradas ocasiones. “No es verdad. La Junta pagaba los convenios a todos los ayuntamientos puntualmente”.

Estos dos alcaldes estuvieron el miércoles 1 de febrero junto a decenas de alcaldes y concejales socialistas de Castilla la Mancha en la reunión que el PSOE convocó para tratar este asunto y a la que acudieron el secretario regional, José María Barreda, y los cinco secretarios provinciales del PSOE.

El de Toledo, Emiliano García Page, cree que es el momento de decir: “hasta aquí hemos llegado”, después de la “prudencia y la responsabilidad” con la que, dijo, se han comportado estos primeros meses de gobierno popular. “La respuesta ha sido una campaña contra el anterior Gobierno y la asfixia y el sectarismo con el que se está castigando a los ayuntamientos del PSOE”.

Los alcaldes acordaron crear una plataforma regional para estudiar medidas políticas e institucionales y coordinar con el grupo parlamentario socialista la elaboración de una proposición de Ley para que la Junta garantice la financiación de los servicios sociales básicos que presta a través de los ayuntamientos y que son de su competencia.