Dice que el ecoparque, para entendernos lo que se ha denominado siempre el vertedero de residuos, justificaría por si mismo la existencia de la Diputación.

Es verdad que García Tizón es actualmente Presidente de esta institución en Toledo; pero también es diputado en el Congreso y candidato a repetir en las próximas elecciones del 20 N. Lo que no está claro es si permanecerá en el cargo presidencial si las encuestas se cumplen y su partido accede al gobierno de España, puesto que es un político de peso en el seno del PP y de confianza de Mariano Rajoy, que le recuperó políticamente situándole al frente de la abogacía del estado en la anterior etapa de Gobierno del PP.

Arturo García Tizón que fue secretario nacional del PP con Antonio Hernández Mancha de Presidente cayó en desgracia en el seno de su partido no por plantear un camino equivocado, sino por visionarlo demasiado pronto. Rajoy le recuperó y la confianza Arturo García Tizón se la devolvió tiempo después en las elecciones generales de hace tres años derrotando ampliamente en Toledo nada menos que a su amigo José Bono, aunque el número de diputados fuera el mismo para el PP que para el PSOE.

Después, está reciente, continuó la tendencia que ya era general en toda España, no así hace tres años, y consolidó en la provincia de Toledo en las municipales esa tendencia de incremento electoral que le llevó a presidir la Diputación. Entre las efectos secundarios del 20 N está pues la posibilidad de un cambio al frente de la Diputación y de la necesidad de que García Tizón tenga que defender la existencia de esa institución desde fuera de la misma y no ya desde dentro.

En todo caso parece que en el PP no se aprecia la conveniencia de que estas instituciones desaparezcan. No parece que sea el momento procesal oportuno esa supresión, máxime cuando lo que se demanda es que desaparezcan municipios pequeños en el interior de otros más grandes y la coordinación en la gestión de servicios que muchos ayuntamientos antes se atrevían a satisfacer, porque la economía lo permitía, pero que ahora son inviables para uno solo. Alguien tiene que coordinar esas necesidades y que mejor que sean los propios municipios, los alcaldes los que se pongan de acuerdo y eso se consigue a través de las diputaciones.

Otra cosa distinta es cómo se gestionen políticamente en cada lugar, pero eso pasa igual con los ayuntamientos y a nadie se le ocurre hacerlos desaparecer, con las comunidades autónomas o con el gobierno de la nación. También distinto es la forma de elección de los diputados, cabe tener distintas visiones sobre el método a utilizar, elección directa o indirecta como es actualmente, pero eso tampoco cuestiona la conveniencia de la institución en sí.

Por lo demás la polémica regional sigue centrada en Educación donde las protestas andan por el momento lejos de amainar. Era éste un sector crítico con el anterior Gobierno y no ha encontrado motivo para cambiar de opinión. El consejero de Educación, Marcial Marín, daba esta semana unos datos que avalaban según él la urgencia de que se apruebe la Ley de Autoridad del Profesorado puesto que, decía, se había producido el pasado curso un aumento en los problemas de disciplina, falta de respeto, desobediencias y casos de cuestionamiento de la capacidad profesional de los docentes. También crecieron, según sus informes, las conductas desafiantes injustificadas por parte de los alumnos y de los padres y madres de estos. Un cuadro, el que pintó el Consejero, que avala la razón para un descontento y que cómo tal se manifiesta de múltiples formas; pero que sin duda implica la existencia de un grado de sensibilidad especial entre el profesorado que obliga a ser especialmente cuidadosos.