"Sin prisa, pero sin pausa, con mucha prudencia y, sobre todo, con la verdad, vamos a tener soluciones dentro de muy poco". La frase, pronunciada por la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, es a la que se agarran esperanzados muchos empresarios y otros que no lo son y que piensan que, detrás de esas palabras existe un plan para solventar, aunque sea aplazada en el tiempo, una solución a los graves problemas originados por la falta de liquidez con la que el actual Gobierno se ha encontrado las arcas de la Junta de Comunidades al tomar posesión.

La semana ha sido dura, muy dura políticamente, el Gobierno ha elevado el montante de las deudas por facturas con la que se ha encontrado en otros cerca de 900 millones de euros más de los 1.700 millones que aseguraban unos días antes que era la deuda existente por este concepto y que de hecho eran ya 1000 millones de euros más de lo que reconocía el gobierno Barreda. Hemos pasado pues de los 700 millones que decía Barreda que había en facturas a los 2.600 millones de euros que se cifraban desde el Gobierno de Cospedal en esta semana y que miembros del Gobierno aseguran que probablemente se verán incrementadas.

En la primera ocasión, cuando se aseguró que había mil millones más, ni siquiera el propio Barreda lo desmintió, tan solo señaló que él hablaba a fecha 30 de abril y no a principios de junio y luego justificó el posible aumento de más del doble en “la tensión del cambio político”. Este concepto nuevo de gasto en la economía quizá no sea el más aclaratorio, ni siquiera para el más creyente en el ex presidente. Tampoco el nuevo valor de la deuda ahora conocido ha merecido por parte de Barreda o del portavoz del grupo socialista en las Cortes y ex consejero de Agricultura, Martínez Guijarro, un desmentido consistente.

Tan solo han  señalado que el PP está utilizando otro modelo de contabilidad; pero el Gobierno asegura que son los mismos técnicos que había los que han elaborado los informes y que además, en último extremo, será la sindicatura de cuentas, compuesta por las mismas personas que la componían hace unos meses y con la misma Ley la que dictamine la veracidad de unos y otros.

Lo cierto es que el actual Gobierno lo que está haciendo es reclamar de todos los departamentos que vuelquen ante la consejería de Economía todos los compromisos de pago que estaban retenidos y que de esa manera artificial no contabilizaban a 30 de abril cómo deudas y por tanto no alimentaban el déficit. Lo que se llaman facturas en los cajones. Para entendernos, y por poner un ejemplo, el repartidor de periódicos que en la consejería X deja todos los días 20 diarios entre los provinciales, regionales y nacionales a final de mes presenta una factura para cobrarlos en esa consejería, pero ésta le será pagada por la de Economía. Hasta que la consejería X no remita la factura debidamente visada y esta sea aceptada en Intervención no estaremos hablando de deuda; pero deberse se debe. Si en el primer trimestre del año la distintas consejerías X retuvieron las facturas del repartidor de periódicos y de otros muchos en el papel el déficit y las deudas serán las que decían; pero en la realidad eran mucho mayores.

El poder y la influencia económica de la Junta en la vida social de Castilla-La Mancha era tal a todos los niveles que difícil resulta esconder con palabras los que tantas empresas, asociaciones, instituciones…conocen por experiencia propia y es que el gobierno de Barreda adquiría compromisos imposibles de hacer frente en un plazo razonable, compromisos que se han convertido en una soga al cuello para muchas de esas empresas, asociaciones, instituciones… que se han planificado contando con esos compromisos.

Barreda, que presumió de haber sido el primero en su partido en llamar crisis a la crisis, a la luz de los datos ahora conocidos, ha actuado como si no existiera esa crisis. En contra de lo que se dice, la vicepresidenta primera y consejera de Economía, María Luisa Araújo, se lo advirtió en varias ocasiones. Quizá por ello ahora no sale a contestar. No fue suficiente la advertencia y tampoco Araújo era realmente Vicepresidenta, como tampoco lo fue su antecesor, Fernando Lamata. El título lo tenían, el mando no, y por tanto cabía el descontrol en el gasto y en lo político.

La semana decía que ha sido muy dura y se resumen en dos frases del portavoz del Gobierno, Leandro Esteban: “Barreda debería ser apartado de toda responsabilidad política por parte de su formación política porque los ciudadanos tienen derecho a que esas decisiones se tomen en el orden de lo político”. La segunda frase hace referencia a que el Gobierno no descarta nada, en el orden judicial se entiende, cuando se conozcan todos los datos. Sé que frases similares y aún más hirientes se han pronunciado antes, pero entonces el PP era oposición y ahora se formulan desde el Gobierno y bastante desde la frustración de quienes cada día reciben múltiples llamadas, mensajes y escritos pintando un demoledor panorama para sus empresas, asociaciones, instituciones…. si no cobran lo que el anterior gobierno comprometió. Demanda que, evidentemente, a cualquier Gobierno le gustaría satisfacer inmediatamente si le hubieran dejado medios para ello.

Para colmo esta semana el consejero de Presidencia, Jesús Labrador daba a conocer la existencia de un coche, un Audi blindado, que costó 377 mil euros en 2007 que debería haber dado servicio al Presidente y que no fue así y desde entonces ha estado adquiriendo polvo en un garaje. Fue comprado en la fecha en la que la oposición del PP arremetió contra el Gobierno por la subida de sueldos que se pretendían aprobar y que finalmente fue echada para atrás. No se atrevió Barreda a sacar el coche. Personalmente no cuestiono el valor del coche, no sé bien si la seguridad del Presidente exigía ese automóvil si es así bien pagado estaba. Lo que sí me parece sintomático es que, una vez decidida su no utilización, no hubieran sabido dar salida al problema en forma de coche.

El asunto no tiene buena pinta, Barreda así lo ha entendido y el pasado martes se reunía con los secretarios provinciales del partido, prácticamente por primera vez desde la derrota electoral.
En pocas semanas el Gobierno de Cospedal ha desmontado con sus críticas a la gestión del anterior Gobierno y aireando las cuentas gran parte del capital político que el PSOE mantenía aún después de la derrota electoral, y eso que no la han dejado nada para repartir. Pero es evidente que Cospedal lo que trata es de desmontar también el poder que pudiera tener acumulado después de 28 años en el Gobierno de la región. Aunque estas semanas si algo han demostrado es que el PSOE no tenía ningún poder, en todo caso un par de personas, a lo sumo tres aunque el tercero no sé quien pudiera ser.

Ese poder con mayúscula y que normalmente emana de las consejerías y de los ministerios de Fomento en cada lugar, parece que aquí se encuentra sitiado. Primero fueron las declaraciones de la presidenta Cospedal de que se paralizarían importantes obras de infraestructuras, después fue nombrar como consejera de Fomento a una abogada del estado, como ella misma, Marta García de la Calzada y ésta nombrar como viceconsejero a otro abogado del estado, Luis Ques Mena. Dos especialistas del derecho en una consejería con importantes proyectos de construcción que se quieren poner en pausa tiene fácil lectura.

Diseño hay, pero verdaderamente arriesgado. Extremar la tensión política nunca es buena baza para un Gobierno, salvo contra otro Gobierno, que entonces se sacan réditos políticos partidistas pero dificultan la gobernabilidad. Barreda puede resultarle a la secretaria nacional del PP un antídoto al dimitido Camps; pero nunca es lo mismo un presidente en ejercicio que un ex, de ahí que se haya procurado la dimisión de Camps.

Tranquilidad pedía esta semana el alcalde de Toledo, Emiliano García Page, que no sabía cómo quitarse esa especie de portavocía in péctore del PSOE que los medios de comunicación le han colocado ante la ausencia de otros que llevan el cometido en el cargo y en el sueldo. No parece que vaya a conseguir ni una cosa ni otra. Quizá agosto y sus fiestas amortigüen algo; pero es que el personal no está para fiestas.