Calculan que entre 12.000 y 15.000 empleados públicos tomaron las calles de Toledo el 11 de febrero en protesta por los recortes impuestos por el Gobierno de Castilla-La Mancha. El 19 de febrero, trabajadores y desempleados están convocados a manifestarse en todas las capitales de provincia para mostrar el rechazo a la reforma laboral.

Para el domingo 19 de febrero la Agencia de Meteorología de Castilla-La Mancha pronostica una temperatura en Toledo de entre 0º y 13º. Pero los sindicatos UGT y CCOO están trabajando para calentar las calles ese día, para lograr que la temperatura suba con la presencia de miles de manifestantes que muestren su rechazo a la reforma laboral que entró en vigor el pasado 11 de febrero.

“Esta reforma laboral va a favorecer a los empresarios piratas y sinvergüenzas que van a convertir el mercado laboral en una jungla, compitiendo de forma desleal con los empresarios responsables que sí respetan las leyes y derechos de sus empleados”, ha advertido José Luis Gil, secretario general de CCOO Castilla-La Mancha.

Carlos Pedrosa, secretario general de UGT en la región, resume así las consecuencias de esta reforma: “Va a generar más desempleo, porque abarata y facilita el despido, supone una demolición del mercado de trabajo y de las instituciones laborales de este país e introduce el ánimo de lucro en el desempleo”.

Desmontan así el argumento principal del Gobierno de Rajoy, que asegura que “este real decreto-ley pretende crear las condiciones necesarias para que la economía española pueda volver a crear empleo y así generar la seguridad necesaria para trabajadores y empresarios, para mercados e inversores. El objetivo es la flexiseguridad”.

Los sindicatos califican la reforma laboral de “injusta para los trabajadores,     inútil para crear empleo e ineficaz para la economía”.

Las manifestaciones convocadas para el 19 de febrero, a las 12 de la mañana, en todas las capitales de provincia de España, incluidas las cinco de Castilla-La Mancha, son sólo un primer paso en la escalada de protestas que preparan los sindicatos, en la que no se descarta llegar a una huelga general.

Entre tanto, los delegados sindicales realizarán asambleas informativas en los centros de trabajo para contar a los trabajadores los detalles de la reforma laboral.

También hará campaña informativa entre los empresarios la patronal toledana, Fedeto, que valora positivamente la reforma laboral. “Flexibiliza el mercado laboral y se acerca a lo que han venido demandando las instituciones europeas, el propio Banco de España y las organizaciones empresariales, desde siempre, pero con mayor urgencia desde que estalló la crisis... Por otra parte, la reforma laboral coincide con los parámetros establecidos con la Ley de Emprendedores aprobada en Castilla-La Mancha, con lo que una y otra norma se complementan en la dirección de crear empleo”, opina la patronal que preside Ángel Nicolás.

Los funcionarios de la región también están convocados a las protestas del domingo, aunque ya protagonizaron el 11 de febrero su propia manifestación en Toledo. “Ha sido la manifestación más multitudinaria de la historia de Castilla-La Mancha”, valoraba CCOO, que estimaba entre 12.000 y 15.000, según los propios cálculos de la policía, el número de manifestantes.

El consejero de Presidencia y Administraciones Públicas definió la manifestación como ‘minoritaria’, al calcular unas 3.000 personas en ella. “Un Gobierno que no sabe contar no está capacitado para gobernar”, le espetaba José Luis Gil.

Los empleados públicos, animados por siete sindicatos (además de UGT y CCOO, Intersindical Castilla-La Mancha, USAE, SIC-GS, FSES y FEP-USO, es decir, todos menos CSI-F, que se ha desmarcado de las movilizaciones aunque en un principio sí se sumó a ellas), desarrollan su propio calendario de protestas, que culminará con la huelga general de la función pública convocada para el 29 de febrero. Para evitarla, la condición que ponen es que el Gobierno de Castilla-La Mancha retire las medidas de ajuste que afectan a este colectivo, entre ellas el aumento de la jornada laboral, la reducción salarial y la congelación de la contratación.

CONTRATOS Y DESPIDOS, CARA Y CRUZ DE LA REFORMA LABORAL

La filosofía que sustenta la reforma laboral aprobada el 10 de febrero por el Consejo de Ministros es sencilla: quienes crean y mantienen el empleo son las empresas y buena parte de la destrucción de puestos de trabajo durante estos cuatro años de crisis se deben a la rigidez de una normativa laboral que no dejaba mucho margen de maniobra a las empresas.

A lo largo de cuatro capítulos se modifica sustancialmente lo relacionado con la contratación, los servicios públicos y privados de empleo, las relaciones laborales en el marco de la empresa y el despido. Y todo esto queda vinculado entre sí.

Los nuevos contratos indefinidos que se firmen tendrán una indemnización máxima por despido de 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades (antes la indemnización era de 45 días y 42 mensualidades).

En los despidos procedentes -y a partir de ahora lo serán también por causas económicas, de producción u organizativas de la empresa- la indemnización será de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades. Será causa de despido procedente el que un trabajador no acepte las modificaciones que de su jornada laboral o su salario decida la empresa en función de sus circunstancias.

A la hora de hacer un Expediente de Regulación de Empleo la empresa no estará obligada a pedir la autorización previa a la administración.

Los nuevos contratos se podrán acoger a incentivos económicos y bonificaciones en los seguros sociales, especialmente en las contrataciones a jóvenes menores de 30 años, a mujeres y parados de larga duración y mayores de 45 años.

Vuelve la figura contractual del aprendiz para menores de 30 años.