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Sat19052012

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Caja Rural Castilla-La Mancha y Globalcaja asumen con serenidad la reforma financiera

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Con absoluta tranquilidad, así recibimos la reforma del sistema financiero que ha aprobado el Gobierno central”, aseguraba esta semana el director general de Caja Rural Castilla-La Mancha, Víctor Manuel López.

Nuestras primeras estimaciones no van a  cambiar en nada nuestros planes. Con una morosidad de 2’30% y un peso del sector constructor y promotor en nuestro balance mínimo y unos activos adjudicados del 1% en nuestro balance, la reforma financiera pasará por nosotros con un impacto relativamente mínimo. Pronto lo concretaremos con números”.

Pedro Palacios, director general de Globalcaja, considera, en un contexto general, que la reforma financiera es necesaria, “como lo es también la reforma laboral y la reforma fiscal, comenta a esta revista Palacios. La reforma financiera es positiva porque va a ayudar a diferenciar las entidades que estamos más saneadas de las menos saneadas. Respecto a Globalcaja, nos afecta como a todas, porque todas las entidades financieras tenemos inversión en el sector promotor, pero en nuestro caso tenemos una doble ventaja: que nuestra exposición está muy por debajo de la media de bancos y cajas de ahorro, es muy limitada, y que ya hemos hecho provisiones en nuestro balance”.

El ratio de cobertura de Globalcaja ronda el 140% (2’5 veces superior a la media del sector), “lo que quiere decir, recalca Palacios, que por cada euro que tenemos de morosidad, lo cubrimos con un euro y medio”.

Respecto al proceso de fusiones que impulsa la reforma del sistema financiero, Palacios comenta que va a provocar “una tercera oleada de fusiones entre las mayores entidades, pero no será determinante para otras más pequeñas”. Globalcaja, fruto de la fusión entre las cajas rurales de Albacete, Ciudad Real y Cuenca, ha hecho una propuesta de integración en su grupo a las cajas rurales de Villamalea, Mota del Cuervo y Casas Ibáñez.

Ni Caja Rural Castilla-La Mancha ni Globalcaja han comunicado aún la cuantía económica con la que deberán hacer las provisiones obligadas por la reforma financiera.

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