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La situación de Castilla-La Mancha es de emergencia: con miles de pequeñas y medianas empresas al borde del cierre, la amenaza inminente de superar los 226.000 parados y una conflictividad laboral creciente por impagos de salarios y recortes en la administración (se mantiene la convocatoria de huelga en la función pública para el 29 de febrero). Patronal y sindicatos piden soluciones urgentes para salir del pozo.

Es tradición que las principales organizaciones empresariales y sindicales de Castilla-La Mancha hagan en el mes de enero un balance del año que acabó y una previsión del que comienza.

De momento, han cumplido con esta tradición el presidente de  la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM), Ángel Nicolás, quien también preside la patronal toledana, y el secretario general de CCOO en la Comunidad, José Luis Gil.

Ambos coinciden en un vaticinio: 2012 puede ser aún peor para la economía y el empleo castellano-manchego que 2011, que ya fue, a juicio de Nicolás, “el peor de los cuatro años de crisis”. “En Castilla-La Mancha hemos entrado en una segunda recesión sin prácticamente haber salido de la que se inició en 2008, valora el presidente de los empresarios. Se ha acelerado el proceso de destrucción de empresas y continuará si no se toman las medidas adecuadas para solucionar nuestros problemas más urgentes:  la falta de financiación, que para las empresas ha caído más de un 2%, mientras que el crédito a las administraciones ha aumentado más de un 12%; la morosidad, especialmente la pública; el incremento de los costes por el aumento del precio de las materias primas y la caída del consumo”.

Desde la CECAM se apuntan  las medidas que solucionarían estos problemas: “Lo primero, dice Nicolás, la reestructuración de nuestro sistema financiero (que se tendría que haber hecho hace tiempo), de forma que el crédito vuelva a fluir hacia las empresas y la falta de liquidez no sea un factor de estrangulamiento. Hay que reducir el tamaño de lo público, simplificar la estructura de la administración y adaptar sus recursos a la nueva situación económica, sin incremento impositivo para las empresas”.

“Deseo fervientemente equivocarme, pero si Cospedal recorta 2.000 millones de euros del Presupuesto de Castilla-La Mancha, se va a llevar por delante a muchas empresas y a destruir otros 30.000 empleos”; éste es el temor que manifiesta José Luis Gil, secretario general de CCOO en la región, quien advierte que “si no cambian las políticas económicas (de ajuste a sangre y fuego) de la Unión Europea, de España y Castilla-La Mancha, nuestro país alcanzará este año los seis millones de desempleados”.

Y nuestra región ya aporta 225.842 parados (79.714 se contabilizaban en la provincia de Toledo el pasado mes de diciembre), una tasa que supera el 23% de la población activa y que constituye el más grave problema de la región, con más de 95.000 parados sin ningún tipo de prestación o subsidio económico.

CCOO estima que si los Gobiernos (central y autonómico) no ralentizan  sus objetivos de control del déficit “el desempleo seguirá creciendo hasta cifras irrespirables, España se sumirá en el pozo de una recesión irrecuperable y la crisis económica y financiera se convertirá en una gravísima crisis social”.

Muchos de quienes aún conservan su empleo también pasan malos momentos, especialmente todos aquellos que no están cobrando sus nóminas por los impagos de la administración pública o por los problemas de liquidez de las empresas para las que trabajan.

Gil advierte que la conflictividad laboral seguirá y se agravará en la región, “mientras que haya trabajadores que no cobren sus salarios continuarán las manifestaciones y las huelgas... Muchas trabajadoras están financiando y manteniendo los servicios básicos de la región con sus salarios de 500 euros porque el Gobierno regional no paga lo que debe”. Cientos de trabajadores de empresas de limpieza y mantenimiento, seguridad, transporte, servicios sanitarios, servicios sociales, etc, están en esta situación.

Los funcionarios tampoco están contentos. La administración regional les ha aumentado dos horas y media de trabajo a la semana, les ha recortado el salario en un 3% y ha cancelado las contrataciones para cubrir bajas o sustituciones. Siete sindicatos con representación en la Administración regional (con la ausencia del CSI.F) han convocado huelga general en todos los servicios públicos para el 29 de febrero. “Si el Gobierno de Cospedal mantiene las medidas anunciadas a los sindicatos sólo nos quedan dos opciones: resignación o confrontación. La resignación ni se plantea”, dice Gil.

“QUE LA JUNTA PAGUE LO QUE DEBE CUANTO ANTES"

Unos 3.000 millones de euros, ese es el cálculo aproximado de la deuda que mantiene la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con los proveedores de la región.

Cobrar es lo urgente, ante la falta de actividad económica y la imposibilidad de conseguir financiación. La CECAM negocia desde hace meses con el Gobierno para organizar el pago de las deudas, pero el esperado calendario de pagos se hace esperar. “Ya llega tarde, manifiesta Ángel Nicolás. Si hubiera llegado antes se podrían haber salvado muchas empresas y muchos empleos. Creíamos que el calendario de pagos iba a estar listo en diciembre de 2011 y seguimos esperándolo; lo que rogamos es que se acelere el proceso de pago todo lo posible, porque cobrar las deudas posibilitaría a muchas empresas recuperar tesorería, mantener actividad y pagar a sus trabajadores, en una situación en la que son incapaces de captar financiación o recuperar la demanda”.

La presidenta de Castilla-La Mancha, Dolores Cospedal, ha anunciado que el calendario de pagos estará listo en primavera, una vez que el Consejo de Política Fiscal y Financiera apruebe el Plan de Estabilidad Financiera de la región y pueda solicitar préstamos al Instituto de Crédito Oficial (ICO).