El ex presidente de CCM, Hernández Moltó, no se salió de su guión durante su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz y mantuvo la versión de que la intervención de CCM por parte del Banco de España “no era necesaria”, sino que respondió a una “cuestión política”, además de responsabilizar al PP de la crisis de confianza que padeció la entidad meses antes de ser intervenida. Moltó está imputado por cinco presuntos delitos, entre ellos estafa, falsedad documental y contable y administración desleal. El ex director general, Ildefonso Ortega, también ha declarado como imputado.

E l ex presidente de la extinta Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha (hoy Banco CCM), Juan Pedro Hernández Moltó, y el ex director general de la misma, Ildefonso Ortega, han declarado esta semana (1 de febrero) ante el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, por las irregularidades en la gestión de CCM, que provocaron finalmente que el Banco de España la interviniese en marzo del año 2009 y hasta su absorción por Cajastur en septiembre de 2010, y que obligó a un rescate de 7.100 millones de euros.

Seis ex consejeros de CCM, todos ellos del Partido Popular (Jaime Ramos, Constantino Berruga, José Miguel Imedio, Juan José Alcalá, José Aceituno y Fernando Torres), denunciaron a Hernández Moltó por presuntos delitos de falsedad documental, administración desleal y ocultación de información, entre otras irregularidades, y a esta denuncia se ha sumado la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que presten declaración Moltó y Ortega.

Según los testimonios recogidos por las agencias Efe y Europapress, Hernández Moltó negó ante el juez haberse extralimitado en sus funciones en la concesión de créditos (que resultaron ser de alto riesgo), considera que actuó como un miembro más del Consejo de Administración, que todas las operaciones se aprobaron por unanimidad del Consejo con los informes favorables de la comisión de Riesgos y niega igualmente que la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha hubiese asumido excesivo riesgo en el sector inmobiliario. Lo único que al parecer ha reconocido es que no fue buena la operación de conceder créditos para el aeropuerto de Ciudad Real (en la actualidad, en proceso concursal). El abogado de Hernández Moltó, José Ángel González Franco, ha pedido el sobreseimiento de la causa abierta en la Audiencia Nacional. Por su parte, Ildefonso Ortega ha declarado que participó en las decisiones como un directivo más y no a título individual.

En 2007 las cuentas arrojaron unos beneficios de más de 280 millones de euros, y ese mismo ejercicio Ortega decía que “el 48% de la inversión crediticia total se había dado al sector inmobiliario”; se calculaba que unos 8.500 millones de euros de la cartera crediticia están vinculados al ladrillo. En 2008 comenzaron los problemas para CCM y la entidad perdió más de 740 millones de euros (tras rehacer las cuentas el Banco de España, ya que las previamente aprobadas por el Consejo de Administración arrojaban beneficios). Cuando la Caja ya había perdido más de 2.000 millones de euros de  recursos ajenos (sacados por los clientes) el Banco de España la intervino y cesó al Consejo de Administración en pleno.

Los ex consejeros han recurrido la sanción del Banco de España

El pasado verano el Ministerio de Economía y Hacienda ratificaba las sanciones que el Banco de España había impuesto a 18 consejeros de CCM que habían asumido esta responsabilidad entre los años 2005 y 2008. Todos ellos han presentado, por separado y con diferentes argumentaciones, recursos contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, aún pendientes de resolver. El Banco de España responsabilizó al Consejo de “deficiente gobernanza, incapacidad para solventar la grave situación en la que se encontraba CCM... no establecer los mecanismos necesarios para garantizar que recibía suficiente información de control de la cartera crediticia y, en general, del perfil de riesgo de la entidad...”

Para la máxima autoridad financiera del país, las mayores responsabilidades fueron del entonces presidente, Hernández Moltó, al que impone una sanción económica de 155.000 euros e inhabilitación para cargo público por cinco años, y del entonces director general, Ildefonso Ortega, al que impone sanción de 150.000 euros e inhabilitación para cargo público para cinco años.

Para el resto de los consejeros fija sanciones que oscilan entre los 6.000 y 95.000 euros. Entre todos suman una multa de 1.085.000 euros.

Al entonces supervisor y vicepresidente primero, Federico Rodríguez Morata, se le impone sanción de 90.000 euros; de 100.000 euros a Tomás Martín Peñato, por su responsabilidad en la Comisión de Inversiones (Martín Peñato fue expulsado del PP al negarse a abandonar el Consejo de Administración como ordenó el partido); a Ismael Cardo (consejero secretario), 95.000 euros; a Carlos Jiménez (representante de UGT) se le sanciona con 80.000 euros por pertenecer a distintos órganos dentro de la entidad; a Rosa Romero, alcaldesa de Ciudad Real (PP) la multa impuesta es de 27.000 euros.  El resto de los consejeros expedientados son José Mª Fresneda (Asaja), Emilio Sanz (PP), Germán Chamón (PP), Florencio Fernández (alcalde de Urda PSOE), Sánchez Bódalo (alcalde de Alcázar, PSOE), Carlos Cotillas (alcalde de Tomelloso, PP), Eugenio Sánchez, Amalia Blanco, Antonio Rico, Artero Luján y Jesús Bárcenas (ex presidente de CECAM, dimitió del Consejo antes de la intervención).